Por: Alex Wagemann, socio fundador de WAGEMANN Consulting.<\/span><\/strong><\/p>\n Hace ya medio a\u00f1o, en uno de los proyectos urbanos en los que me encontraba actuando como presidente de un Dispute Board, el encargado de relaciones comunitarias (o paz social) del Contratista, iba saliendo de su jornada laboral cuando, de forma repentina, se acercan dos encapuchados en moto y le disparan varias veces a quemarropa. El profesional muri\u00f3 camino al hospital.<\/p>\n Inmediatamente recib\u00ed una llamada de las partes y les solicit\u00e9 sostuvi\u00e9ramos una reuni\u00f3n de urgencia para entender el contexto de lo sucedido y los protocolos de acci\u00f3n que hab\u00edan sido implementados. A dicha reuni\u00f3n le sucedi\u00f3, a los pocos d\u00edas, un viaje en avi\u00f3n hasta las oficinas del Contratista, a fin de estructurar en conjunto con el Contratante las medidas de emergencia pertinentes.<\/p>\n En el intertanto, revisamos con los otros miembros del Dispute Board cu\u00e1l era la regulaci\u00f3n contractual de la situaci\u00f3n. Al ser una de las partes una entidad estatal, cualquier acci\u00f3n a ser adoptada deb\u00eda apegarse a las exigencias propias de la Administraci\u00f3n del Estado. En lo concreto, la adaptaci\u00f3n al espa\u00f1ol del est\u00e1ndar contractual utilizado como marco normativo, no regulaba espec\u00edficamente una situaci\u00f3n equivalente.<\/p>\n Al no haber una hip\u00f3tesis precisa en el contrato, los representantes de la entidad estatal estaban dudosos respecto de c\u00f3mo actuar. Mientras tanto, el personal del contratista se negaba a retornar a las obras dada la sensaci\u00f3n de inseguridad reinante.<\/p>\n La definici\u00f3n del proceso a seguir, la obtenci\u00f3n de las aprobaciones pertinentes y la implementaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n a los trabajadores (que le brindaran a estos \u00faltimos la seguridad necesaria para retornar a las obras), tom\u00f3 cerca de un mes. A lo anterior se agrega el tiempo requerido para que el Contratista retome su curva de producci\u00f3n.<\/p>\n En resumen, en una estimaci\u00f3n razonable, el proyecto se retras\u00f3 al menos un mes y medio.<\/p>\n La pregunta que surge a continuaci\u00f3n es:<\/strong> \u00bfqui\u00e9n asume los costos de todo esto?<\/strong><\/p>\n Al revisar los presupuestos para la ejecuci\u00f3n de los proyectos, estas contingencias no est\u00e1n usualmente consideradas. Por otra parte, desde la perspectiva de la asignaci\u00f3n de riesgos, si asumimos como regla general que estamos ante una situaci\u00f3n de fuerza mayor, salvo que el contrato exprese otra cosa, el Contratista podr\u00eda tener derecho a una pr\u00f3rroga de plazo por el evento (cuya extensi\u00f3n resulta muy dif\u00edcil de determinar en estos casos), pero tendr\u00eda que asumir a su costo la mayor permanencia de recursos sobre el plazo extendido. Resulta evidente, ante esta situaci\u00f3n, que se est\u00e1 incubando un conflicto que afectar\u00e1 la relaci\u00f3n entre las partes involucradas directamente en el proyecto, implicando mayores retrasos futuros.<\/p>\n Todo lo anterior motiva a un par de reflexiones acerca de algunas realidades que actualmente estamos viviendo en Latinoam\u00e9rica. Si bien ya empezaron a ser considerados los aspectos ambientales, los hallazgos arqueol\u00f3gicos y la permisolog\u00eda en la estimaci\u00f3n de los plazos y costos de los proyectos, aparentemente no se le est\u00e1 dando hoy la relevancia que corresponde, ni en lo contractual ni en la gesti\u00f3n, a la irrupci\u00f3n de ciertos actores sociales que interact\u00faan hoy con el personal de la obra. Como resultado de ello, cuando suceden eventos de este tipo, las cl\u00e1usulas contractuales resultan insuficientes y la desorientaci\u00f3n cunde entre las partes.<\/p>\n En tal sentido, como una aproximaci\u00f3n preliminar al asunto, la entidad estatal debiera considerar este tipo de situaciones en sus estimaciones presupuestales, situaciones a las que cada vez menos se les podr\u00e1 considerar eventos de fuerza mayor. Asimismo, es necesario asumir que no basta para el Contratista disponer hoy simplemente de servicios de seguridad patrimonial y de acceso a las obras, sino que se hace indispensable disponer de servicios de relacionamiento con estos actores sociales, con un mayor nivel de sofisticaci\u00f3n y mediando una coordinaci\u00f3n conjunta con el Contratante, municipios y polic\u00edas.<\/p>\n Finalmente, desde el punto de vista contractual, hay una importante tarea pendiente en la revisi\u00f3n de las cl\u00e1usulas de asignaci\u00f3n de riesgos, siendo \u00e9ste uno de los casos en los que puede resultar m\u00e1s conveniente ajustar un texto internacional estandarizado que mantenerlo tal como est\u00e1.<\/p>\n Como se aprecia, estamos ante una noticia en pleno desarrollo, que podr\u00eda dar material para nuevas columnas a futuro.<\/p>\n <\/p>\n * Columna publicada por la revista The Legal Industry Reviews, Volumen 19, Chile.<\/em><\/p>\n Versi\u00f3n online: The Legal Industry Reviews Chile Vol. 19 N\u00b01<\/a><\/p>\n Versi\u00f3n PDF: The Legal Industry Reviews, Chile Vol.19 N.1, March 2024<\/a><\/p>\n